La Federación Española del Vino considera injusto que las bodegas tengan que pagar las uvas en un plazo máximo de 30 días y así se lo trasladó a la Ministra de Agricultura esta semana. En contraparte, los agricultores celebran que esta ley les garantizará el fin de prácticas abusivas en el pago de la uva, que en ocasiones tardaba hasta 90 días.

Los viticultores han recogido durante esta campaña mucha menos uva que en 2006, lo que ha provocado una reducción media del 10% en la producción de vino a escala internacional.  La Federación Española del Vino (FEV) presentó este jueves un informe jurídico en contra de la obligación de pagar la uva en un plazo máximo de 30 días desde su recepción. En una reunión mantenida con Isabel García Tejerina, el presidente de la FEV, Javier Pagés, pidió a la ministra que no se incluya a la uva para vinificación en la categoría de “fruta fresca”, pues esto obligaría a los bodegueros a pagar este producto perecedero a 30 días según la nueva Ley de Cadena Alimentaria (LCA).

Frente al informe jurídico de la FEV entregado al MAGRAMA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) cree que dicha ley acabará con la falta de transparencia y prácticas abusivas en el pago de la uva. “La ley no es que nos beneficie, sino que nos da algo a qué atenernos para tener liquidez y hacer frente al día día del negocio. La ley es un paraguas, es una referencia. Antes había ciertos abusos al agricultor, en los que se le entregaban pagarés para cobrar dentro de dos e incluso tres meses. La ley está ahí y hay que adaptarnos”, señaló José Ugarrio, responsable nacional técnico del Sector Vitivinícola de ASAJA.

El plazo de pago, la consideración de la uva como fruta fresca y la determinación del día de entrega en zonas con denominación de origen, son los tres factores que la FEV cuestiona. “La uva para vinificación no debe ser considerada fruta para consumo directo, ya que está en fase de transformación desde que se corta de la cepa y, por tanto, debe tener un tratamiento diferenciado”, explicaba Pagés a la ministra, según se refleja en la nota de prensa enviada por la FEV.

Pero los agricultores no entienden por qué la uva para vinificación no debe considerarse como producto fresco. “Cuando se trata de productos que caducan, como es el caso de la uva, el pago tiene que ser a un mes. Si la ley dice que se pague en ese plazo que así sea, porque el agricultor también tiene que hacer frente al pago de las deudas contraídas durante el tiempo de cría de la uva”, explica Ugarrio.

CONTRATOS PARA BENEFICIAR A TODOS

El enfrentamiento de posturas entre bodegueros y viticultores por la aplicación de la LCA tiene fácil solución: firmar contratos con cláusulas beneficiosas para ambas partes. Según el técnico de ASAJA, “esta ley también establece que puede haber relaciones contractuales en donde no se tiene por qué pagar al mes si hay beneficios para el agricultor”. Como ejemplo señala el fraccionamiento del pago -la mitad en la entrega y la otra mitad al mes siguiente- o el cobro de compensaciones económicas, siempre definidas en un contrato, cuando el pago fuese a tres o cuatro meses.

La demanda de la FEV va más allá, al señalar que las bodegas tienen “más carga financiera” que otros participantes del sector de vino. “Las bodegas se ven obligadas a pagar la uva a 30 días mientras que su producto puede estar de media más de tres años en la bodega como existencias antes de alcanzar los distintos niveles de crianza necesarios para poder venderse”, explicó Pagés. Algo que refuta la asociación de agricultores poniendo sobre la mesa los precios de la uva. “Un vino de reserva o gran reserva va a valer 10 o 15 veces más de lo que se paga por la uva. Y nosotros no entramos en esos beneficios. De ese valor añadido que saca el vino en los tres años que está en los nichos, nosotros no tenemos ningún tipo de beneficio”, argumentó José Ugarrio.

EL PRECIO DE LA UVA EN ENTREDICHO

La vendimia de este año está a punto de concluir. Durante este periodo, los agricultores de Castilla La Mancha y Extremadura han visto cómo, a pesar de que la uva ha tenido “una calidad excepcional” y se ha cosechado un 40 por ciento menos, el precio ha sido más bajo que en la campaña del 2013. Un hecho que ha denunciado ASAJA en la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). “Vimos muchas irregularidades en el precio y en la forma de pago. La AICA se puso a investigar a ver qué estaba pasando en el sector vitivinícola. Nos parece bien que haya transparencia a la hora de formarse esos precios y que se ajusten a la ley. No queremos ni más ni menos, queremos lo que dice la Ley”, explica Ugarrio.

A la espera de conocer el dictamen de la AICA, la asociación de agricultores jóvenes ha solicitado públicamente que se incluya a la uva “como alimento que, por su importancia estratégica incide significativamente en la producción y comercialización agraria, tal y como establecen los propios estatutos de la Agencia”.