En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos de infracción, la Comisión Europea (“la Comisión”) ha emprendido acciones legales contra varios Estados miembros por incumplir las obligaciones que les incumben con arreglo al Derecho de la Unión. Estas decisiones, que abarcan varios sectores (entre ellos el sector de la energía, el medio ambiente, finanzas, turismo) y ámbitos de actuación de la Unión, pretenden garantizar la correcta aplicación del Derecho europeo en beneficio de los ciudadanos y de las empresas.

A continuación se presentan las principales decisiones adoptadas por la Comisión, agrupadas por ámbitos de actuación.

Cartas de emplazamiento

Eficiencia energética: La Comisión insta a siete Estados miembros a transponer correctamente la normativa de la Unión

La Comisión ha decidido enviar cartas de emplazamiento a Alemania, Austria, Eslovaquia, España, Finlandia, Hungría y Rumanía por no haber transpuesto o implementado correctamente determinados requisitos de la Directiva relativa a la eficiencia energética (Directiva 2012/27/UE). Dicha Directiva establece un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión, a fin de garantizar la consecución del objetivo en materia de eficiencia energética de esta, consistente en ahorrar el 20% de aquí a 2020, y de preparar el camino para mejoras ulteriores de la eficiencia energética después de ese año. Las autoridades de estos Estados miembros disponen ahora de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviarles un dictamen motivado.

Medio ambiente

La Comisión insta a ESPAÑA a cumplir la legislación de la Unión sobre la gestión de residuos

La Comisión hace un llamamiento a España por no cumplir sus obligaciones legales en materia de gestión de residuos y protección de la salud humana y el medio ambiente. En virtud de la Directiva Marco sobre los residuos (Directiva 2008/98/CE), los Estados miembros están obligados a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la gestión de los residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y sin dañar el medio ambiente. A pesar de que la información que se ha facilitado a la Comisión está incompleta, existen pruebas generalizadas de la existencia de un gran número de vertederos ilegales (al menos 1 513) pendientes de cierre, sellado y regeneración, lo que está provocando una degradación importante del medio ambiente. Debido al incumplimiento sistémico y prolongado de las obligaciones que le incumben en el marco de la Unión, la Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado. Las autoridades españolas disponen ahora de dos meses para responder a las preocupaciones expresadas por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría tomar la decisión de llevar a España ante el TJUE.

La Comisión insta a ITALIA y ESPAÑA a cumplir la legislación de la Unión sobre los nitratos

La Comisión advierte a ambos países de la insuficiente protección de sus aguas contra la contaminación causada por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. La legislación de la Unión sobre los nitratos es una de las piedras angulares de la legislación europea sobre el agua, cuyo objetivo es reducir la contaminación de las aguas causada o inducida por los nitratos de origen agrario y actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones. Para lograr este objetivo, la Directiva sobre los nitratos (Directiva 91/676/CE del Consejo) contiene diferentes acciones y medidas que los Estados miembros deben elaborar e implementar, por ejemplo, controlar las aguas, designar zonas vulnerables a los nitratos y establecer códigos de prácticas agrarias correctas y programas de acción. Italia no ha designado zonas vulnerables a los nitratos, no controla sus aguas ni ha tomado medidas adicionales en varias regiones afectadas por la contaminación por nitratos. España no controla sus aguas de manera efectiva, comprometiendo su capacidad para revisar las zonas vulnerables a los nitratos y evaluar la eficacia de los programas de acción, limitando así la eficacia de la legislación. Por lo tanto, la Comisión ha decidido enviar sendas cartas de emplazamiento a ambos Estados miembros y les concede dos meses para responder; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

Justicia, consumidores e igualdad de género

Dictamen motivado

La Comisión insta a ESPAÑA e IRLANDA a implementar la nueva normativa sobre los viajes combinados

La Comisión envía dictámenes motivados a España e Irlanda con el fin de urgirlas a implementar la nueva normativa sobre los viajes combinados (Directiva 2015/2302/UE). La normativa moderniza la protección de los consumidores de vacaciones combinadas, protegiendo a los 120 millones de consumidores que reservan formas combinadas de viaje. El marco actualizado trae consigo normas más claras en cuanto a la información que reciben los viajeros y sobre la responsabilidad de los empresarios, y refuerzan las normas sobre devolución del dinero y repatriación en caso de quiebra. Los Estados miembros tenían que implementar la normativa sobre los viajes combinados en su legislación nacional el 1 de enero de 2018, a más tardar. A esta fecha seguía un período de transición de seis meses, hasta el 1 de julio, momento en el que las medidas nacionales de transposición de la Directiva deberían haber empezado a aplicarse en toda la Unión. Dado que ni España ni Irlanda han implementado la nueva normativa, la Comisión les envía hoy dictámenes motivados, tras las cartas de emplazamiento remitidas el 22 de marzo de 2018. Si las autoridades españolas e irlandesas no actúan en el plazo de dos meses, los asuntos podrían remitirse al TJUE. (Para más información, véanse el comunicado de prensa sobre la nueva normativa sobre los viajes combinados o la ficha informativa).