Los nuevos criterios aplicados han permitido concentrar el 80% de la superficie concedida a los grupos de prioridad, entre los que se encuentran los jóvenes y las pequeñas y medianas explotaciones, cuyos solicitantes han recibido el 100% de la superficie admisible. Las comunidades autónomas deberán notificar la resolución a los solicitantes antes del 1 de agosto.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha comunicado a las Comunidades Autónomas las superficies a conceder por cada solicitud de autorización para nuevas plantaciones de viñedo, tras haber centralizado y ordenado, a nivel nacional, las solicitudes admisibles puntuadas remitidas por las CCAA.

El reparto de la superficie se ha realizado bajo los nuevos criterios de priorización establecidos por el Real Decreto 1338/2018 de potencial vitícola. Estos criterios han permitido concentrar el 80% de la superficie concedida en todos los grupos de prioridad, cuyos solicitantes han recibido el 100% de la superficie admisible que habían solicitado.

Asimismo, por primera vez, se ha tenido en cuenta una superficie máxima admisible por solicitante de 5 hectáreas.

Así, de las 7.797 hectáreas solicitadas que cumplían los criterios de elegibilidad, 6.460 hectáreas se han tenido en cuenta para la distribución tras aplicar el umbral máximo de 5 hectáreas por solicitante.

Las autorizaciones disponibles establecidas para 2019 se fijaron en 4.747,5 hectáreas, por lo que el porcentaje de superficie admisible satisfecha alcanza el 73,5%, más del doble que en 2018.

Del total de superficie concedida, 1.479,2 hectáreas corresponden a solicitudes de viticultores con mediana explotación, 1.232,6 a viticultores jóvenes y 202,8 a jóvenes viticultores recientemente incorporados a la actividad. Las restantes 911,1 hectáreas corresponden a solicitantes sin ninguna puntuación y sobre los que se ha aplicado el porcentaje de prorrateo, concediéndose el 35% de la superficie admisible, inferior a 5 hectáreas, que habían solicitado.

Todo ello, según se establece en la normativa comunitaria y nacional, y teniendo en cuenta las limitaciones que se han aplicado en las zonas geográficas de determinadas Denominaciones de Origen Protegidas.

Las Comunidades Autónomas deberán notificar la resolución a los solicitantes antes del 1 de agosto.