El PP ha bloqueado este jueves, en el marco de la votación sobre la Ley de Transparencia, una enmienda presentada por el PSOE que pedía que las Administraciones Públicas publicasen “la información relativa a las campañas de publicidad o comunicación institucional que hayan promovido o contratado, el importe de las mismas, los contratos celebrados (…,) así como los planes de medios correspondientes en el caso de las campañas publicitarias”.

“Todas las enmiendas del PSOE a la Ley de Transparencia han sido rechazadas”, ha lamentado la diputada socialista Ángeles Álvarez a 20Minutos. Así, en la votación sobre la enmienda, hubo 120 votos a favor y 172 en contra. También se registraron 21 abstenciones.

La publicidad institucional se regula en España por una ley de 2005 que, según la asociación más numerosa de editores de prensa, AEEPP, es incumplida de modo sistemático por ministerios, consejerías o ayuntamientos, gobernados por diferentes partidos.

Una campaña sobre violencia de género realizada en 2012 por el Ministerio de Sanidad destapó la semana pasada graves irregularidades en la gestión de la publicidad institucional. En la campaña, el Ministerio que dirige Ana Mato invirtió las mayores cantidades en diarios de pequeña audiencia, como La Razón y La Gaceta, y discriminó a los diarios más leídos de España, 20Minutos y El País.

Las irregularidades en la gestión de la publicidad institucional son muy graves

Ante ello, AEEPP, a la que pertenecen un centenar de editores, la mayoría pequeños y medianos, ha denunciado reiteradas veces que los grandes grupos de comunicación acaparan la inmensa mayor parte de la inversión de muchos organismos públicos, en detrimento del resto del sector.

Presidida por Arsenio Escolar, director de 20Minutos, AEEPP ha denunciado estas prácticas ante el actual Gobierno de Rajoy y ante el anterior de Zapatero. En febrero pasado, la asociación se quejó oficialmente a la presidenta de la Comisión Nacional de Publicidad Institucional –la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría–; creó un Observatorio para denunciar los casos más flagrantes y propuso a todos los grupos parlamentarios que la publicidad institucional se incluyera en la Ley de Transparencia. Sin embargo, el Congreso ha rechazado la iniciativa.

La ley que regula la publicidad institucional establece que “las campañas han de servir a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quienes las promueven” y dispone que la planificación en los distintos medios ha de hacerse conforme a criterios objetivos de tiradas, audiencias, población a la que se quiere llegar, etc”.

“Las irregularidades en la gestión de la publicidad institucional son muy graves –afirma Escolar–, pues suponen un menoscabo de derechos ciudadanos y un mal uso de los recursos públicos, así como una práctica de competencia desleal, al descartar o infraplanificar en las campañas a unos medios y beneficiar a otros competidores directos”.

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