Las asociaciones de regantes de España (FENACORE), Italia (ANBI), Francia (Irrigants d´France) y Portugal (FENACREG) han unido fuerzas para impulsar la puesta en marcha de una nueva federación de carácter internacional que, con el nombre de Irrigants d´Europe (IE), haga valer los intereses de la agricultura de regadío ante Bruselas.

Este nuevo organismo, que representa al 75% del regadío europeo con una superficie de 7,7 millones de hectáreas, nace además en un momento de especial trascendencia para el sector, que se encuentra sumido en el marco del debate por la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y la transposición de la Directiva Marco de Aguas (DMA).

Con la fundación de IE, cuya presidencia asumirá Portugal por decisión unánime en este primer mandato hasta 2020, el sector refuerza su posición en las negociaciones ante los organismos internacionales en un momento en el que garantizar el abastecimiento de los mercados a precios competitivos exige a los agricultores vender sus productos a precios de hace más de 20 años aunque se produzcan con costes actuales.

De esta forma, asegurar la competitividad de la agricultura de regadío, la única que puede garantizar un incremento del 40% en la producción hasta 2030 para alimentar a una población mundial creciente, exige el apoyo de Bruselas para cumplir con los altos estándares de calidad que se les exige a los productores comunitarios en los acuerdos de libre comercio.

Por esta razón, uno de los principales objetivos de la IE será mantener el sistema de ayudas directas de la PAC como vía para compensar la brecha de ingresos de los regantes, de forma que se asegure un adecuado nivel de empleo y renta para mantener vivo el medio rural.

Asimismo, otro de los retos de la IE será que la directiva europea, que tendrá un borrador a finales de 2019, tenga en cuenta las singularidades de los diferentes países a la hora de adaptar su aplicación, reconociendo la diversidad de la agricultura mediterránea, principal productora de alimentos del mundo.

En este sentido perseguirán que, a la hora de fijar el reparto de agua, la DMA no priorice en extremo los objetivos ambientales sobre los socioeconómicos, ya que elevar innecesariamente los caudales ecológicos reducirían los recursos para regadío, con el impacto negativo que supone para el crecimiento del PIB y la creación de empleo.