El juzgado de instrucción de Valladolid encuentra inocentes de la acusación de falsificación de documento privado a la mujer, Emilia Rivera y a dos de las hijas de Alejandro Fernández, Lucía Fernández y Olga Fernández. Éstas habían sido acusadas de falsificar un contrato de arrendamiento de los viñedos, rubricado en 2018 y por el que cedían su uso a Bodegas Condado de Haza S.L y a Bodegas Tinto Pesquera S.L., sociedad empresarial que controla la familia desde tiempo atrás.

Tras prestar declaración todas las partes implicadas, el juzgado de instrucción de Valladolid ha sobreseído la causa. Se considera que los contratos de arrendamiento que Fernández calificaba de falsos no hacen sino responder a una realidad de la que el denunciante es consciente desde hace años: las fincas de las que es copropietario con su todavía mujer, Emilia Rivera, son explotadas por las sociedades del grupo empresarial. Así, según el auto de sobreseimiento, estos contratos son la plasmación por escrito de una relación arrendataria previa y duradera en el tiempo, conocida y sostenida por el matrimonio formado por Alejandro Fernández y Emilia Rivera.

De este modo, la denuncia de falsificación de documentos ha quedado reducida a un intento de judicializar una disputa familiar. Con ella, Fernández y su hija Eva pretendían ejercer presión para que cedieran a sus requerimientos y forzar a sus hijas a una negociación en el conflicto familiar que está en curso. La estrategia de Alejandro Fernández, su hija Eva y sus abogados estaría enfocada en judicializar al máximo la cuestión familiar.

Ahora queda constancia de quién es la propiedad de la cosecha, el Consejo Regulador de Ribera del Duero tendrá que poner a disposición de las empresas el papel correspondiente. Hasta el momento, el Consejo parecía haber tomado partido por Alejandro Fernández, ahora, con esta resolución, queda claro que el viticultor y las uvas son de las empresas.