La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha comparecido en el Pleno del Congreso de los Diputados para exponer y someter a su convalidación el Real Decreto por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en distintas cuencas hidrográficas.

García Tejerina ha informado en primer lugar al Pleno del Congreso, que ha convalidado el Real Decreto para su tramitación como Proyecto de Ley por vía de urgencia, de la escasez de precipitaciones y de reservas hidrológicas en diferentes puntos del país, una situación que están padeciendo numerosas producciones agrarias en diferentes comunidades autónomas, por lo que el Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas a las que se sumarán las plasmadas en este Real Decreto.

La ministra ha explicado que las cuencas más afectadas son la del Segura (en situación de emergencia), y las del Duero y el Júcar (en alerta). Las dos primeras ya cuentan con un Real Decreto de sequía en vigor, desde 2015, mientras que se tramita con la máxima urgencia la aprobación del Real Decreto de sequía y de medidas excepcionales en la demarcación del Duero.

Tejerina ha detallado a los diputados el nuevo Real Decreto por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía, que en primer lugar establece medidas de apoyo a los titulares de las explotaciones agrarias situadas en los ámbitos territoriales afectados por la sequía, es decir, las demarcaciones del Duero, del Segura y del Júcar, en el presente año.

Por ello, y conforme a lo previsto en los Planes de Sequía se conceden exenciones al pago del canon de regulación y en la cuota de la tarifa de utilización del agua. También en el pago de la tarifa de conducción de las aguas incluida en la Ley de regulación del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura y en la cuota de este año de la tarifa de conducción de las aguas por la infraestructura del postrasvase.

Se beneficiarán los titulares de las explotaciones agrarias de las cuencas del Duero, del Júcar y del Segura que, en este año, hayan tenido una dotación de agua inferior o igual al 50% de la normal o que hayan sufrido pérdidas de producción bruta en los cultivos de al menos un 20% de la producción en normal en zonas desfavorecidas y de un 30% en las demás zonas. Estas exenciones de cánones y tarifas supondrán un ahorro a los regantes de casi 54 millones de euros. De éstos, 37,2 millones de euros se ahorrarán los titulares de derechos al uso de agua para riego de la cuenca del Segura, 8,5 millones de euros los titulares de la cuenca del Júcar, y 8 millones de euros los regantes de la cuenca del Duero.

Por otro lado, el Real Decreto prevé que las empresas y los trabajadores por cuenta propia titulares de explotaciones agrarias en toda España afectadas por la sequía, tanto hidrológica como meteorológica, podrán obtener una moratoria de un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondiente a los meses de julio de 2017 a febrero de 2018, así como en el pago de las cuotas por las jornadas reales correspondientes a ese mismo periodo. Además, el Real Decreto-Ley prevé que se puedan actualizar los contratos de cesión de derechos de agua entre concesionarios de las cuencas del Segura, del Duero y del Júcar, con carácter excepcional y temporalmente limitado, y en el ámbito de cada una de las cuencas.

Así, los concesionarios de la cuenca del Segura podrán autorizar contratos de cesión de derechos al uso privativo de las aguas, entre ellos mismos, hasta el 30 de septiembre de 2018. Con el mismo carácter y vigencia temporal podrán autorizarse estos contratos de cesión de derechos entre concesionarios de la cuenca del Duero, mientras que los concesionarios del Júcar tendrán como vigencia temporal el 30 de septiembre de este año.

Por último, el Real Decreto-Ley actualiza el tipo de gravamen correspondiente al canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, previsto en la Ley de Aguas, en todas las demarcaciones competencia del Estado (intercomunitarias), para dotar a los órganos competentes y a los organismos de cuenca de los necesarios recursos para la protección medioambiental y la mejora del dominio público hidráulico, en aplicación del principio de recuperación de costes de los servicios de gestión del agua y en virtud del texto refundido de la Ley de Aguas.