La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía ha publicado en su página web la resolución definitiva de las ayudas del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 para la modernización de explotaciones agrarias y ganaderas, por un importe que supera los 90,1 millones de euros.

Esta cifra triplica la inicialmente prevista de 30 millones, circunstancia que ha supuesto una mayor complejidad en el proceso pero también ha permitido un significativo incremento en el número de personas beneficiarias, de manera que serán finalmente 2.372 los solicitantes que contarán con estos incentivos y que ahora disponen hasta el 18 de septiembre para aportar la aceptación expresa de la ayuda. Del total de adjudicatarios, 298 son entidades y 2.074 personas físicas, de las que 1.599 son hombres y 475 son mujeres.

La aportación de la Junta de Andalucía permite una inversión total de más de 139 millones de euros y supone un mínimo del 50% de cada proyecto, porcentaje que se puede incrementar un 20% más por cada una de las siguientes circunstancias: jóvenes agricultores y ganaderos, en zonas desfavorecidas o por inversiones colectivas, no pudiendo superar en ningún caso el 90%. Esta resolución se hace en base a una convocatoria que se distribuye en tres líneas de inversión: una de carácter genérico para explotaciones, otra específica para la modernización de instalaciones de olivar y una tercera para la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de la Provincia de Cádiz.

Estas ayudas, que se conceden en régimen competitivo y con carácter regional, se destinan a cubrir gastos asociados a inversiones en activos físicos para la mejora del rendimiento y la sostenibilidad global; construcción, adquisición y reforma de inmuebles; compra de maquinaria, equipos y programas informáticos; consultoría; planes de gestión; e inversiones en producción de biocarburantes y energías renovables.

En la orden de convocatoria se establecían una serie de condiciones que los adjudicatarios deberán cumplir, como por ejemplo mantener las inversiones durante al menos cinco años desde la concesión de la ayuda, ejecutarla en un plazo máximo de nueve meses, estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o someterse a las actuaciones de comprobación que haya lugar.